El abandono del Sahara español
En octubre de 1975, la muerte del general Franco se hizo inminente. El problema de la sucesión estaba resuelto desde 1969, pero otros que se habían postergado en los años anteriores se animaron ante la posibilidad de un cambio. Ése fue el caso de la descolonización del Sáhara Español (270.000 kilómetros cuadrados).
Desde 1958 era una provincia española igual que cualquier otra, pero en 1963 Madrid aceptó en la ONU que se le aplicase el principio de autodeterminación. Los saharauis eran ciudadanos españoles, pero no gozaban de los mismos derechos que los demás compatriotas. Por ejemplo, su DNI era de un color distinto y contenía texto en árabe.
La ONU estableció en 1966 que la descolonización debía realizarse mediante referéndum, porque no se trataba de su reintegración territorial a un Estado preexistente, como es Gibraltar. Hasta 1973, Marruecos, que ya había recibido Tarfaya en 1958 e Ifni en 1969, no criticó esta decisión ni votó en contra.
Este país cambió de opinión, debido a la riqueza del territorio (yacimientos de fosfatos, pesca y previsiones de petróleo, que luego no se confirmaron) y a la necesidad de hallar un factor que asentase la monarquía (el rey Hassán II, proclamado en 1961, había sufrido dos intentos de asesinato en 1971 y 1972) y reclamó la entrega del territorio y su población, calculada más tarde en casi 75.000 nativos.
El franquismo fundó en 1967 una especie de consejo de jefes de tribu, llamado Yemáa, con el que mantener relaciones. En febrero de 1973, pidieron al jefe del Estado español la concesión de la autonomía. Franco respondió mediante una carta remitida en septiembre en el que aceptaba la solicitud y reconocía que la autonomía sería un paso previo a la autodeterminación. De esta carta, hay copia en la ONU.
En 1973 nace El Frente Polisario acrónimo del Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro. El Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental que comienza luchando contra la presencia española.
El estatuto se elaboró en los meses siguientes, con aportaciones del propio Franco, que dio el visto bueno en mayo de 1974. Madrid envió el proyecto a la Yemáa, que lo aprobó por unanimidad en una sesión el 4 de julio y lo devolvió para su aprobación definitiva. Tenía 24 artículos y sus principios eran los siguientes:
España se comprometía a permitir la autodeterminación de los saharauis/Madrid se reservaba la defensa y la representación internacional/Convivirían un gobernador nombrado por Franco y una asamblea elegida por los saharauis/Se garantizaba la integridad territorial del Sáhara/Se mantenía el sistema de justicia tribal.
El 9 de julio, Franco sufrió un episodio de enfermedad grave y fue hospitalizado, cediendo temporalmente la jefatura del Estado al príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, hasta el mes de septiembre.
El Gobierno español, siguiendo el camino político previsto anunció que convocaría un referéndum de autodeterminación el 31 de mayo de 1975.
El rey de Marruecos, Hassan II, enterado de los planes españoles, aprovechó la enfermedad de Franco para desatar su campaña. En agosto de 1974, el Gobierno español anunció que convocaría un referéndum de autodeterminación el 31 de mayo de 1975, para lo que elaboraría un censo, medida que anulaba el proyecto de estatuto de autonomía. Argelia mostró su apoyo al anuncio español, pero Marruecos pidió el 17 de septiembre al Tribunal Internacional de La Haya un dictamen consultivo sobre cuestiones de dominio histórico en el Sahara. La ONU, de manera sorprendente, aceptó la petición y pidió a España que aplazase el referéndum.
El 16 de octubre de 1975, el tribunal dictaminó que Marruecos nunca había tenido soberanía sobre el Sáhara o sus tribus. Sin embargo, Hassán declaró que se le había dado la razón y convocó la conocida como Marcha Verde para recuperar el territorio. Civiles desarmados (en apariencia) contra militares españoles, un Gobierno aislado y Franco agonizando. Hassán reconoció que “fue un horrible chantaje, pero un chantaje lícito y no reprimido por ley alguna”.
El 21 de octubre, el presidente de Gobierno, Carlos Arias Navarro, envió a negociar con el rey Hassán a José Solís, ministro-secretario general del Movimiento ( el partido único), en vez de a Pedro Cortina, ministro de Asuntos Exteriores, porque éste era partidario de la independencia del Sáhara. Solís, además, era administrador de las inversiones en España del sultán marroquí. El 25 de octubre, el Boletin Oficial de las Cortes publicó el proyecto de ley de descolonización del Sáhara remitido por el Gobierno.
El príncipe de España, jefe de Estado en funciones desde el 30 de octubre, realizó un viaje por sorpresa a El Aaiún el 2 de noviembre y visitó a las tropas. En el casino militar, pronunció una arenga resonante: “quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y el honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz”.
Todo era una farsa. Ya se había decidido el abandono. El 6 de noviembre, los súbditos de Hassán penetraron concienzudamente en territorio saharaui en una zona desminada. Y el 14 de noviembre, unos representantes españoles firmaron con otros marroquíes y mauritanos una serie de textos que se han llamado los Acuerdos de Madrid. La ONU sigue reconociendo a España como potencia administradora; y por ello Marruecos (y Francia) presionan a Madrid para que apoye los planes de anexión más o menos disimulados. Ahora EEUU acaba de reconocer la anexión.
La última ley que aprobaron las Cortes con Franco vivo pero privado de poderes fue la Ley 40/1975, de 19 de noviembre. En su artículo único autorizaba al Gobierno a “tomar las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización” del Sáhara. El preámbulo contenía una mentira: el Sáhara “nunca ha formado, parte del territorio nacional”. La firmaba el príncipe Juan Carlos.
El 26 de febrero de 1976 se arrió la última bandera española. Los últimos soldados españoles abandonaban el Sáhara Occidental. Se retiraron los militares españoles y entraron en El Aaiún los marroquíes que se encargarían de la ocupación.
Inmediatamente, empezó la represión contra los saharauis. Aquella misma noche, cuando las tropas marroquíes ya habían entrado en el territorio, el Frente Polisario proclamaba la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El Gobierno español se negaba a cumplir sus compromisos, las Cortes aprobaban una falsedad y los generales no querían combatir a un enemigo inferior.
“El agonizante régimen franquista y Washington no querían que, de ninguna manera, la crisis desembocara en una guerra, por pequeña y limitada que fuera, entre dos países pro-occidentales y en una «zona caliente» como el estrecho de Gibraltar. Si se producía la guerra —para la que España estaba preparada, pese a los informes contrarios del Alto Estado Mayor—, y vencían los militares españoles, la derrota provocaría la caída de la monarquía alauí.
«Que quede aclarado que no considero que haya habido capitulación alguna de España ante Marruecos. Quienes así lo piensan están equivocados, y no deben olvidar que se ha evitado mucha sangre y el luto de muchas familias españolas en una horrible contienda armada». Con estas palabras, el gobernador general del Sáhara Occidental, Federico Gómez de Salazar, ponía punto y final a casi un siglo de presencia española en el territorio africano.
El mismo hombre que presidiría seis años más tarde el Consejo de Guerra contra los golpistas del 23-F, parecía justificar así una salida precipitada que llevó a las autoridades franquistas a ceder la administración de la colonia española a Marruecos y Mauritania.
La retirada se había iniciado 72 días antes, tras el final de la Marcha Verde y la firma de los Acuerdos tripartitos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975. El gobernador general del Sahara tuvo que soportar la enorme presión ejercida por Marruecos mientras Franco agonizaba y después de su muerte, así como la situación crítica a la que se exponía el pueblo saharaui, en medio de la incertidumbre que rodeaba el futuro de España. Más de dos meses de evacuación, en la llamada Operación golondrina, cruciales para entender la historia de este conflicto histórico cuya herida no se ha cerrado del todo.
Fue un abandono por parte del Estado Español, hacia aquella tierra, que no fue colonia. Fue parte de España, una provincia como así lo atestiguan los DNI que usaban sus habitantes. Tenían los mismos derechos que cualquier otro español de la península o de sus islas